“Es hora de aceptar –con realismo– que mientras haya consumo habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar.”

El martes 19 de septiembre, Juan Manuel Santos dio su último discurso como mandatario de Colombia frente a la Asamblea General de Naciones Unidas. Santos se refirió a la lucha contra las drogas y puso en la mesa la necesidad de tratar este problema desde la salud pública y no desde una política criminal.

No puedo concluir sin tratar un tema sobre el que he insistido antes en esta tribuna: el problema mundial de las drogas. He dicho muchas veces que la guerra contra las drogas no se ha ganado ni se está ganando; que requerimos de nuevos enfoques y nuevas estrategias.
En la Sesión Especial de la Asamblea General dedicada a las Drogas –que se reunió el año pasado por iniciativa de Colombia– hubo avances, como el llamado a los Estados a proteger los derechos humanos en sus políticas de drogas.
Pero todavía nos falta mucho, muchísimo. Es necesario llegar a consensos en asuntos centrales como el de no criminalizar a los adictos, y entender el consumo de drogas como un asunto de salud pública y no de política criminal.
La Guerra contra las Drogas ha cobrado demasiadas vidas –en Colombia hemos pagado un precio muy alto, tal vez el más alto de cualquier nación–, y lo que se está viendo es que el remedio ha sido muchas veces peor que la enfermedad.
Hagamos un serio y riguroso seguimiento de las experiencias regulatorias que se han puesto en marcha en diversas latitudes, y aprendamos de sus éxitos y también de sus dificultades.
Es hora de aceptar –con realismo– que mientras haya consumo habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar.
No se trata de manera simplista de señalar quién es el único responsable. Todos lo somos, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida que asumimos hace ya varias décadas.
Es hora de hablar de regulación responsable por parte de los Estados; de buscar caminos para quitarles oxígeno a las mafias, y de afrontar el consumo con más recursos para la prevención, la atención y la reducción de daños a la salud y al tejido social.
Colombia seguirá combatiendo con toda decisión este flagelo. Para nosotros ha sido y sigue siendo un problema de seguridad nacional.
La paz nos ha permitido –por primera vez– iniciar procesos de sustitución voluntaria de los cultivos de coca.
Esos procesos, acompañados de la erradicación forzosa que venimos adelantando –y de las incautaciones, que hemos incrementado a niveles sin precedentes–, nos permiten alcanzar resultados aún más contundentes y de largo plazo.
Pero tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, ¡más innovadores!